Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.

LA LEY MORDAZA


Estos días ha sido trending topic en las redes la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, con exageraciones interesadas que buscan alarmar a la sociedad. La Ley de seguridad ciudadana puede ser buena o mala, conveniente o desacertada, pero no dice lo que mucha gente cree o dice en las redes. La nueva norma no introduce en general nuevos ilícitos sino más bien concreta las facultades de la policía en casos en que se ponga en peligro el orden público o la seguridad. Generalmente se trata de conductas que ya estaban prohibidas antes en diversas leyes (algunas procedentes de los gobiernos del PSOE, como el Código Penal de 1995). La ley incluye un catálogo de sanciones (multas) que van desde 100 euros por negarse a facilitar el DNI a la Policía hasta 600.000 en los casos más graves como almacenar explosivos en condiciones peligrosas.


Manifestarse junto al Congreso o al Senado. En todos los países se prohíben las acciones que tratan de forzar a las cámaras o de influir en sus decisiones. La soberanía nacional se expresa en las Cortes, 100 personas gritando, o 1000 o 100.000 no pueden suplantar lo que voten los representantes de todo el pueblo. El Código Penal de 1995 condena las manifestaciones que alteren el normal funcionamiento de las Cámaras. Ahora se adelanta la protección, para evitar casos tan bochornosos como el de la Asamblea legislativa catalana que fue rodeada por una manifestación debiendo los diputados ser rescatados en helicóptero. Esta conducta ya era sancionada anteriormente (con 600.000 euros de multa). Ahora se castiga con multas de hasta 30.000


Fotografiar a policías. Según se ha dicho en las redes, se sanciona captar cualquier imagen de los agentes de la policía, o grabar manifestaciones, buscando una impunidad ante los abusos policiales. En realidad la nueva ley sólo sanciona la captación de imágenes cuando con ello se pone en peligro la seguridad de los agentes o sus familiares o el éxito de una operación.



Obstaculizar la actuación judicial o administrativa (parar desahucios). En un estado de derecho la forma de luchar contra una actuación es cambiar las leyes no impedir su aplicación. En cualquier país quien intentara impedir a la policía o al juzgado hacer su trabajo acabaría en la cárcel. En realidad esta conducta ya estaba tipificada como delito de desobediencia o resistencia a la autoridad, pero ahora se perfila la descripción para cubrir todas las conductas que impidan a los juzgados o a la administración aplicar las leyes.


Protesta en las alturas. Escalamiento de edificios y estatuas. Se castiga a quien escale un edificio o monumento público, poniendo en peligro a las personas o los bienes. No se trata de limitar la libertad de expresión sino de proteger las personas y los bienes (como por ejemplo la Cibeles, un
un monumento del S XVIII)