Hoy, 10 de julio, se cumplen 17 años del secuestro de Miguel Angel Blanco, asesinado dos días más tarde. No es más que uno de los casi mil crímenes de la banda terrorista, y sin embargo, por alguna razón, marcó un punto de inflexión en la política española de la democracia.
Corría el año 1997, Aznar gobernaba desde un año antes con mayoría relativa. Para mantener la gobernabilidad, el PP -que accedía por primera vez al gobierno- tenía que pactar con PNV y CIU. Contra todo pronóstico (“Pujol, enano, habla castellano”, coreaba la gente en la calle Génova la noche electoral), Aznar se reveló como un gran negociador, reconociéndose aquél gobierno de 1996-2000 por su capacidad de concertación con todos los sectores políticos y sociales.
Los terroristas secuestraron a Miguel Angel Blanco, un joven concejal popular de 29 años, planteando un chantaje político: o el gobierno acercaba los presos de ETA a las cárceles vascas, o “ejecutarían” a Miguel Angel. El modus operandi no resultaba inédito en la estrategia etarra. Diez días antes (el 1 de julio) la Guardia Civil había liberado a José Antonio Ortega Lara, secuestrado 532 días antes, con idénticas reivindicaciones.
El desenlace del secuestro de Miguel Angel Blanco lo conocemos todos: El gobierno -con el apoyo unánime de la sociedad- se negó a aceptar el chantaje y los asesinos cumplieron su amenaza, ejecutando al joven dos días después.
Lo interesante, sin embargo, fue la reacción social ante el secuestro y asesinato, y la posterior deriva de los partidos políticos, diecisiete años después. Cuando se tuvo noticia del secuestro y de las condiciones establecidas, la gente se echó la calle. Quizás fue la juventud de la víctima, o quizás el envalentonamiento por el reciente éxito de la Guardia Civil, o quizás -como sugiere Pilar Urbano en su libro yo entré en el CESID- todo fue un montaje de los servicios secretos españoles, pero lo cierto es que la gente, también en el País Vasco, ocupó plazas y calles exigiendo a la banda la liberación de Miguel Angel Blanco. De todos es sabido que ETA es una organización mafiosa que vive del apoyo (entusiasta o temeroso) de los ciudadanos (y ciudadanas) vascos. Los pistoleros, los secuestradores, los extorsionadores y los amenazadores de ETA no durarían diez minutos en una sociedad que, sin miedo, rechazara y denunciara cualquiera de sus maniobras. En julio de 1997 eso estuvo a punto de ocurrir. La gente de los pueblos y ciudades de Euskadi estaba indignada con ETA, y le estaban perdiendo el miedo. El movimiento -llamado después “manos blancas” o espíritu de Ermua- corría el riesgo de volverse, como un gigantesco tsunami, contra ETA, su entorno y quienes -de un modo u otro- lo apoyaban. Surgieron los primeros hechos violentos contra colaboradores de ETA.
La reacción política no se hizo esperar. El PP y el PSOE se unieron en un frente constitucionalista que, por primera vez, sentía el respaldo popular en el País Vasco. El PNV, en cambio, vio peligrar su estrategia del árbol y las nueces, que consistía de forma simplificada, en no apoyar las tácticas ilegales de ETA pero aprovechar pacíficamente los frutos de sus acciones. Ante el clamor popular inesperado los nacionalistas vascos se encontraban en una disyuntiva: o se sumaban al carro del constitucionalismo, superando varios postulados fundacionales del PNV, o encontraban el modo de apagar el fuego pacifista (y, de rebote, antinacionalista) que invadía sus calles. Optaron por lo segundo asumiendo, desgraciadamente, el riesgo de dar con ello alas al terrorismo.
Con los años, el PNV arrastraría al PSOE -ya liderado por Zapatero- a su planteamiento de “comprensión” con la izquierda abertzale, dejando solo al PP de Aznar en la oposición férrea, radical y sin fisuras, contra ETA. Finalmente Rajoy acabaría transitando también ese camino, cumpliendo -con 17 años de retraso- las exigencias de ETA. Haciendo vano el sacrificio de Miguel Angel Blanco, de Ortega Lara y de los otros 1000 muertos por la libertad.
